La propuesta busca implementar un sistema subsidiado para adquirir períodos de contribuciones. Alrededor de 720.000 personas podrían empezar a recibir jubilaciones en los próximos dos años bajo este esquema. Sin embargo, este sistema no aborda los problemas fundamentales del mercado laboral y del sistema de pensiones. Es importante conocer los detalles de la iniciativa, así como la opinión minoritaria de la oposición expresada en el dictamen.
Con el proyecto de ley, se implementará un esquema en el cual, durante dos años, aquellos que alcancen la edad de retiro del régimen general de la Anses (60 años para las mujeres y 65 para los hombres), y no cumplan con el requisito de los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación, podrán adquirir períodos de contribuciones a través de créditos subsidiados por el estado. La adhesión a este plan permitiría el cobro de haberes, mientras que las cuotas para pagar la deuda se descontarían del pago de la pensión en un plazo de hasta 120 meses.
La situación de las moratorias y la PUAM
Aunque con una estructura diferente, el plan propuesto seguiría la lógica y continuidad de las moratorias que se han aplicado en Argentina desde mediados de la década de 2000, que proporcionan soluciones parciales y temporales a un problema estructural del país. Según los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, se estima que aproximadamente la mitad de los trabajadores, tanto asalariados como autónomos, trabajan en la economía informal.
Hasta el 31 de diciembre de 2022, estuvo vigente la moratoria establecida por la Ley 26.970, que permitía a las mujeres de entre 60 y 64 años declarar deudas por aportes de períodos previos a 2004. Por otro lado, la moratoria de la Ley 24.476 aún está vigente, pero tiene un alcance muy limitado, ya que solo permite declarar deudas por aportes no realizados en períodos anteriores a octubre de 1993, tanto para mujeres como para hombres. En la actualidad, las mujeres que cumplen 60 años podrían beneficiarse de este plan para cancelar deudas de contribuciones faltantes durante un período de 12 años y 8 meses, mientras que los hombres podrían hacerlo por un período de 17 años y 8 meses.
Además, también está vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada durante el gobierno anterior en 2016. Para acceder a ella, al igual que en el caso de las moratorias, se debe someter a una verificación socioeconómica por parte del Estado. La PUAM equivale al 80% del haber mínimo y exige, tanto a hombres como a mujeres, tener 65 años de edad. Sin embargo, según explicó el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical-UCR), un dictamen de minoría presentado por legisladores de la oposición busca modificarla para permitir que las mujeres accedan al cumplir los 60 años.
Por otro lado, el diseño de la PUAM, al igual que el sistema de prestaciones contributivas, no contempla un esquema de proporcionalidad que defina el pago de beneficios según la cantidad de aportes realizados durante la vida laboral. Por lo tanto, una persona que no haya realizado ningún aporte percibe lo mismo que alguien que haya contribuido, por ejemplo, durante 20 años.
La iniciativa que cuenta con un dictamen de minoría propone crear una Prestación Proporcional destinada a aquellos que tienen entre 10 y 29 años de aportes, con el objetivo de complementar los pagos del sistema contributivo y de la PUAM. En el sistema previsional administrado por la Anses, el 65% (239,418) de las 368,033 jubilaciones que se registraron en 2022 se obtuvieron a través de moratorias. Además, dos tercios de las jubilaciones que actualmente se pagan también requirieron un plan subsidiado de pago de deudas. Esta política ha permitido incluir a la mayoría de los jubilados en el régimen nacional, pero no se consideró un análisis previo de proyecciones y necesidades de financiamiento. La PUAM, que otorga el 80% del haber mínimo, no tiene en cuenta la proporcionalidad de los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, lo que significa que quienes no realizaron aportes reciben el mismo monto que aquellos que contribuyeron durante 20 años, por ejemplo. Un dictamen de minoría presentado por legisladores de la oposición propone cambiar el requisito de edad para la PUAM, permitiendo a las mujeres acceder al beneficio a los 60 años en lugar de los 65 actuales.
Los ejes de la iniciativa
El proyecto de ley contempla la posibilidad de que aquellos que se encuentren en edad de jubilación puedan comprar períodos de aportes a un precio determinado por la normativa durante un plazo de dos años. Además, se busca establecer un plan de pagos de aportes para aquellos que les falten 10 años o menos para su retiro.
Para el primer grupo, se crearía la «Unidad de Pago de Deuda Previsional», que valdría un mes de aporte y se generarían deudas con el Estado que se cancelarían mediante descuentos en los haberes, en hasta 120 meses. Los períodos de aportes adeudados podrían declararse por lapsos previos a 2009, pero se requeriría haber tenido al menos 18 años en el momento del período más antiguo declarado. De este modo, las mujeres podrían comprar hasta 27 años y 10 meses de aportes, y los hombres podrían adquirir los 30 años exigidos por ley. Además, con la compra de aportes, los derechohabientes de un fallecido registrado podrían cobrar una pensión.
En consecuencia, si el sistema comienza a regir a partir de marzo de este año, las mujeres podrían comprar hasta 27 años y 10 meses de aportes, mientras que los hombres podrían acceder a los 30 años exigidos por ley. El régimen también permitiría que los derechohabientes de un fallecido registrado puedan cobrar una pensión mediante la compra de aportes.
También se crearía la «Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad», que podría ser adquirida por personas que les falten hasta 10 años para jubilarse. Cada unidad valdría un mes de contribución y solo se podrían comprar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012, siempre que el solicitante no haya trabajado registradamente en los meses declarados como adeudados.
Cada mes de aporte tendría un precio equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los descuentos de la seguridad social. Esta referencia se actualizaría cada tres meses según el índice de movilidad. En marzo, el valor de cada unidad sería de $5,729.97. Si se necesitaran 20 años, la deuda tendría un valor inicial, actualizable, de $1,375,192.80. Si se pagara en 120 cuotas, la primera sería de $11,459.94.
El proyecto también establece que aquellos que adhieran al plan deben haber residido en el país durante los períodos declarados y no haber trabajado registradamente. Además, se establecería la exigencia de acreditar que se tienen ingresos para pagar la obligación tomada para aquellos que están en edad activa. Se prevé la incompatibilidad de los beneficios otorgados por el plan con otras prestaciones previsionales de cualquier naturaleza, excepto por el cobro de un único beneficio, si es contributivo y no mayor al haber mínimo. No obstante, se podría renunciar al cobro de otra mensualidad para acceder al programa.
